El juez mantiene prisión para Junqueras, Forn y los Jordis

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado mantener la prisión preventiva del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, del exconsejero de Interior Joaquim Forn y de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, al entender que pese a no haber riesgo de que se fuguen persiste en ellos el de reiteración delictiva

Para los otros seis exconsejeros, también investigados en el sumario sobre el ‘procés’ que derivó en la declaración unilateral de independencia (DUI) el pasado 27 de octubre, el juez ha acordado una fianza de 100.000 euros para cada uno. El juez ha decretado libertad para ellos tras pagar las fianzas.

El magistrado había citado a las partes a las 9.00 horas de este lunes para comunicarles la decisión que ha tomado después de que el pasado viernes les tomase declaración, si bien su decisión no se ha conocido hasta más de una hora después. De este modo, el juez Llarena no ha aceptado la petición de la Fiscalía y la acusación popular ejercida por Vox de mantener en prisión a la totalidad de los investigados.

El magistrado había citado a las partes a las 9.00 horas de este lunes para comunicarles la decisión que ha tomado después de que el pasado viernes les tomase declaración, si bien su decisión no se ha conocido hasta más de una hora después. De este modo, el juez Llarena no ha aceptado la petición de la Fiscalía y la acusación popular ejercida por Vox de mantener en prisión a la totalidad de los investigados.

Los exconsejeros para los que se ha acordado fianza son Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxel Borrás, Josep Rull y Jordi Turull, quienes una vez las depositen y salgan en libertad deberán realizar comparecencias semanales en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña o en el juzgado o tribunal de su conveniencia, tendrán la prohibición de abandonar el país y se les retirará el pasaporte. El magistrado les advierte de que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevaría su inmediato ingreso en prisión.

Pero el juez cree que en el caso de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart las consecuencias de que reincidan en sus delitos pueden ser más graves. El magistrado afirma que las aportaciones de estos cuatro al procès “están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”. En ese sentido, recuerda varias actuaciones como el “asedio” por decenas de miles de personas a una comisión judicial que registraba la Consejería catalana de Economía en Barcelona.  En estos hechos el juez implica directamente a los cuatro a los que ordena mantener en prisión: a Sànchez y Cuixart porque sus asociaciones impulsaron las movilizaciones “sabiendo” que, aunque la mayor parte de los ciudadanos estaban comprometidos con evitar situaciones violentas, “se iban a infiltrar necesariamente comportamientos agresivos”. Respecto a Junqueras y Forn, el magistrado destaca que el primero “acudió” a estos “hechos violentos” ante la sede de su Consejería y que el segundo era el responsable de los Mossos, que “favorecieron o no desplegaron ninguna actuación que pudiera poner término” a lo que estaba sucediendo.

El magistrado alude en su auto también a otras movilizaciones sociales, como la que impidió el registro en la empresa Unipost, los cortes en vías de trenes, los “asedios” a hoteles donde se alojaba la Policía o las que cortaron carreteras o constituyeron “murallas humanas que defendían de manera activa los centros de votación” del 1 de octubre, “haciendo en ocasiones recular a los cuerpos policiales, apedreando sus vehículos o forzando a los agentes a emplear una fuerza que hubiera resultado innecesaria de otro modo”.

En el caso de Junqueras, Cuixart y Sànchez, el juez tiene en cuenta además que los tres forman parte del llamado comité estratégico que define el documento Enfocats, intervenido por la Guardia Civil durante los registros y considerado por la investigación como el que marca el camino para la desconexión forzosa. El magistrado considera que los miembros de este comité estratégico “han desempeñado una función definitoria de cómo y cuándo llevar a término cada una de las actuaciones del proceso y, consecuentemente, de la violencia y los tumultos” que describió Llarena en el auto en el que explicó la acumulación de todas las causas por rebelión en el proceso independentista. Esta violencia y tumultos, recuerda Llarena, “son los elementos que constituyen la esencia de los delitos de rebelión o de sedición que se investigan”.

“El riesgo de reiteración de sus conductas -añade el magistrado- impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física”. En estos cuatro investigados, concluye Llarena, el riesgo de reiteración delictiva “refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad”.

El peligro, según el juez, no desaparece con la afirmación, mantenida por los cuatro en sus comparecencias del viernes, de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de evaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, “sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real”. “Solo entonces se justificará rebajar la intensidad de la medida cautelar adoptada contra estos inculpados” por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, afirma el instructor del Supremo.

Los abogados de los investigados pueden recurrir el auto de Llarena ante la Sala de lo Penal del Supremo, algo que las defensas de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart ya han anunciado que harán.

Los exconsellers encarcelados y los presidentes de ANC y Òmnium declararon el viernes ante el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo, después de que este agrupase las causas por rebelión, sedición y malversación que instruía la Audiencia Nacional. Los imputados repitieron ante el juez los argumentos que ya defendieron en los escritos presentados unos días antes en el Supremo y la Fiscalía mantuvo su petición de retener a los 10 acusados en prisión incondicional a la espera de juicio.

Los 10 apostaron por perseguir la independencia desde el “diálogo” y sin recurrir ni alentar a la violencia. Romeva, a preguntas de su abogado, abogó por un referéndum pactado con el Estado, mientras que Forn y Borràs fueron más explícitos a la hora de renunciar a la independencia unilateral, según las fuentes consultadas. El exvicepresidente Junqueras y Romeva, ambos de ERC, se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía.

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart ingresaron en la prisión madrileña de Soto del Real el 16 de octubre. A los líderes de la sociedad civil independentista se les imputa un delito de sedición por supuestamente dirigir y alentar a las masas el 20 y 21 de septiembre para impedir, sin lograrlo, que se llevara a cabo la Operación Anubis. Los exmiembros del Govern que no están en Bruselas duermen en la cárcel (las mujeres, en Alcalá Meco y los hombres en Estremera) desde el 2 de noviembre.

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Andrés Villar
Periodista | + posts




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