Ecommerce y legalidad

La realidad social es cambiante y las normas siempre  han existido para regular las relaciones humanas, y es por ello que gracias a las transformaciones tecnológicas de los últimos años, el marco legal ha tenido que adaptarse incorporando toda una nueva gama de términos para poder regular situaciones que en el pasado habrían sido imposibles de imaginar.

Entre la diversa gama de cuestiones que deben ser sometidas a regulación se encuentra el comercio electrónico desde el punto de vista de la regulación de las personas naturales o jurídicas que se dedican al intercambio de bienes y servicios de toda índole, por vía electrónica,  y por supuesto, del otro lado se establecen disposiciones destinadas a la protección de los consumidores a fin de crear un ambiente de confianza que garantice a las partes involucradas en las transacciones comerciales que en el caso de producirse algún incumplimiento se puedan hacer valer las responsabilidades a que hubiere lugar.

Marco jurídico del ecommerce

Es por ello que cuando se crea un sitio web con el objetivo de ofertar bienes y servicios es indispensable establecer los términos y condiciones bajo los cuales quedaran sujetos tanto el prestador de los bienes o servicios, como los usuarios que deseen acceder a ellos.

En este sentido, lo primero que se debe tener en cuenta es que el ecommerce al realizar la oferta de bienes y servicios, y el consumidor o usuario al manifestar su aceptación de la referida oferta están celebrando un contrato, y es posible, gracias a la globalización, que ambas partes se encuentren en lugares geográficos muy distintos, por lo que se deben establecer en el sitio web las pautas bajo las cuales se van a producir las contrataciones, que aunque puedan o no llamarse de ese modo en el texto del sitio, deben estar establecidas para poder recurrir a dichas pautas a fin de resolver cualquier inconveniente que pueda presentarse entre las partes.

Como cualquier empresa que desee iniciar operaciones en el ámbito tradicional, los ecommerce deben sujetarse a la regulación del estado donde se encuentra constituida, salvo que exista una disposición que le permita, en virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes, seleccionar la ley aplicable para la solución de los eventuales controversias que se pudiesen presentar.

Fuente: micursoenlaweb.com

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Jesús Morán
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