Conformidades penales

La finalidad de las Leyes Penales es la reprochabilidad y sanción  de la comisión de delitos mediante las penas de multa y privación de libertad, entre otras,  como penas principales y sin perjuicio de las penas accesorias a dichas penas principales.

La propia Ley penal prevé el reconocimiento por el acusado de los hechos de los que la Fiscalía o las acusaciones particulares, si las hubiere, le acusan y sus conformidad con las penas solicitadas por la Fiscalía y, en su caso, por la antedicha parte procesal.

Pero esta posibilidad de conformidad con los hechos y la pena solicitada, en una abusiva aplicación de la norma penal, está facilitando descaradamente que la pena de prisión sea eludida por su sustitución por una multa, por muy cuantiosa que ésta sea, o con la reducción de la pena de prisión por tiempo no superior a dos años, con lo que la ejecución de dicha pena puede suspenderse con unos condicionantes a cumplir por el condenado siempre y cuando no existan antecedentes penales.

Y aquí viene el problema. La aplicación abusiva y apañada de estas oportunidades con la Fiscalía que, en todo caso, tiene que autorizar el Juez o la Juez, está significando que el pueblo contemple impotente que personajes adinerados de la clase social de que se trate, incluidos los hoy llamados “de profesión famoso “ , se vean liberados de ingresar en prisión, como cualquier ciudadano, el cual, condenado por esos mismos delitos y penas , pasan a integrar la población reclusa.

Entre el “apaño legal“ de la pena no superior a los dos años y las sustituciones de penas de prisión por multas, por muy cuantiosas que sean  y las conformidades penales, están desvirtuando el objetivo de las Leyes Penales y contribuyendo a la sensación, que ya es percibida por la población, de que hay “muchos tipos de Justicia“ y que, por consiguiente, la Justicia “no es igual para todos“.

Desde la sociedad es muy dificíl de digerir que la Fiscalía y la Judicatura, pero siempre con la autorización final de la Judicatura, entren al juego de que el personaje famoso acusado no tenga que sufrir la pena de banquillo, primero, y la de prisión después, a diferencia y en patente desigualdad con los demás ciudadanos.

Una cosa es que estos “apaños legales“ se puedan facilitar en cuestiones menores, socialmente no alarmantes y con muchísima prudencia y otra muy diferente es que estos “apaños legales“ se extiendan y apliquen abusivamente  a todo personaje, sea el estrato social que sea al que pertenezca o al que se considere que pertenece.

Socialmente, la capacidad  económica está asociada al estatus social, pero esta asociación es errática por ser una visión distorsionada de los parámetros que conllevan esta categorización social. El indulto está en la misma línea. Es contra Derecho que un Consejo de Ministros pueda enmendar la decisión de la Judicatura.

Lo que la sociedad exige es un mínimo de cordura y sentido común a los Jueces a la hora de dictar Sentencias y que un Consejo de Ministros no pueda librar de la prisión a sus afines, contra lo dispuesto por una Sentencia.

Los Jueces no sin independientes por su propia naturaleza humana, pero por lo menos,  cordura y sentido común sí les es exigible.

Fernando Pelegrín
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